LIMA.- En los últimos años, diversos medios internacionales han informado sobre la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en más de 30 países. Sin embargo, presentar este fenómeno como un avance global indiscutible resulta impreciso y sesgado, ya que la mayoría de las naciones del mundo no reconocen esta figura legal ni la consideran parte de su ordenamiento jurídico.
Según información difundida por el periódico español ABC, el matrimonio homosexual se concentra principalmente en Europa Occidental y América, mientras que amplias regiones de África, Asia y Oriente Medio mantienen una postura contraria. Incluso dentro de la Unión Europea, persiste una profunda división, ya que varios Estados miembros no permiten esta figura, lo que confirma la ausencia de un verdadero consenso internacional.
En numerosos países donde se ha aprobado el matrimonio homosexual, la decisión no fue resultado de amplios procesos democráticos, sino de sentencias judiciales, reinterpretaciones constitucionales y presiones políticas externas que han modificado una institución histórica sin la debida deliberación social.
Resulta especialmente cuestionable el intento de presentar el matrimonio homosexual como un derecho humano universal, cuando ningún tratado internacional lo reconoce explícitamente.
Esta narrativa busca imponer una redefinición del matrimonio, desvinculándolo de su propósito social, jurídico y antropológico, y reduciéndolo a una mera construcción jurídica adaptable a criterios ideológicos.
En el caso del Perú, no existe reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo, y la Constitución protege el matrimonio y la familia según su concepción histórica y social.
Cualquier intento de imponer este modelo por vía judicial o administrativa representaría una violación del principio democrático y del respeto a la soberanía nacional.
El debate sobre el matrimonio no puede reducirse a la presión mediática ni a las tendencias internacionales, sino que debe abordarse con responsabilidad, respeto a la cultura jurídica del país y plena participación ciudadana.
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