Los ciudadanos habilitados para votar no están obligados a participar de la consulta popular, sino que la convocatoria apunta a aquellos que se oponen a la existencia de la norma.
En caso de alcanzar este pre-preferéndum apoyo del 25 % del padrón electoral (unos 670.000 votos), se abrirá un nuevo llamado a plebiscito, esta vez sí obligatorio, en el que se deberá definir por sí o por no a la propuesta que busca dejar sin efecto la ley.
La Ley Integral para Personas Trans fue aprobada a finales de 2018. Apuntaba a revertir según adición a los mecanismos de discriminación.
Sin embargo, el evangélico y precandidato a presidente por el opositor Partido Nacional (PN), Carlos Iafigliola, inició en octubre de ese mismo año una campaña para promover su derogación, mediante la cual logró 70.000 firmas que habilitaron la consulta popular.
Organismos locales e internacionales de los supuestos derechos humanos expresaron su rechazo a la convocatoria. Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se expresaron a favor de la continuidad de la ley N° 19.684.
"Entendemos que la Ley Integral es clave para crear condiciones de igualdad para el cumplimiento de los derechos de todas las personas en el país y consideramos que se encuentra alineada con las normas internacionales", manifestó la ONU.
En Uruguay viven 933 personas trans, según el Primer Censo Nacional de ese colectivo, realizado en 2016.
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