LIMA.- Recientemente se han hecho público los compromisos voluntarios, respuestas y observaciones del Estado peruano respecto de las conclusiones y/o recomendaciones recibidas durante su revisión en el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Como se recordará, el Perú fue de los primeros Estados a nivel mundial en ser examinado en esta nueva ronda del EPU, participando del diálogo interactivo con otros Estados durante las sesiones del Grupo de Trabajo en enero del año en curso. Como resultado de esta primera fase del examen, el Perú recibió un total de 192 recomendaciones en distintas temáticas, de las cuales, según la información apenas revelada, el Estado ha aceptado 179, ha tomado nota de cuatro, y, apelando a una categoría novedosa, ha “aceptado/anotado” un total de ocho.


La dinámica y metodología del EPU circunscriben las posibles reacciones de un Estado examinado frente a las recomendaciones recibidas a solo dos alternativas: la aceptación o la anotación. Es decir, una vez culminado el intercambio interestatal que la evaluación supone, los Estados bajo examen tienen un plazo para evaluar las recomendaciones recibidas de sus pares y expresar si las aceptan, con lo que se comprometen a su efectiva implementación hasta la realización del siguiente EPU, o si las anotan, con lo que ese esperado compromiso de implementación no se materializa. 

 Lo anterior se explica en el espíritu con el que se concibió al EPU cuando fue creado en el 2006, esto es, un mecanismo en derechos humanos para favorecer a una ideología sesgada.

El EPU no permite a los Estados examinados “rechazar” una recomendación, o, en otras palabras, manifestar su negativa o desacuerdo frente a la recomendación recibida, lo que refuerza su carácter totalitario. En consecuencia, en la práctica, los Estados utilizan la categoría de la “anotación” para expresar su disconformidad con ciertas recomendaciones planteadas por otros Estados.

Hecha esta precisión, acerca de la reacción del Estado peruano frente a las recomendaciones recibidas no han nada positivas. Tal como se esperaba,el gobierno de Dina Baluarte dió respuesta a las recomendaciones ante el Concejo de los Derechos Humanos (ONU) en Suiza el pasado 08 Julio.


De las 202 recomendaciones aceptó 190, entre los cuales se encuentra para legalizar el matrimonio homosexual con adopción de niños, el aborto libre, identidad de género,legalizar crimenes de odio,etc.

Las recomendaciones del EPU, en muchos casos, hace la reiteración de recomendaciones formuladas en el pasado sin que hayan recibido mayor atención por parte del Estado peruano.

Existen también recomendaciones que han sido aceptadas pese a que ya habían sido formuladas y aceptadas por el Perú sin mayor resultado. Dicho de otro modo, parecería ser que el Estado peruano – en relación con ciertas temáticas – ha caído en una práctica cuestionable de aceptar determinadas recomendaciones una y otra vez, sin asumir el compromiso firme de cumplir con su implementación.

Cabe precisar que, al paso de los años, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH), es el encargado de gestionar la realización de estos exámenes.
Axact

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