ALEMANIA.- El ministro de Cultura de Alemania, Wolfram Weimer, decretó la prohibición del lenguaje neutral e inclusivo en todos los documentos, comunicaciones y discursos oficiales bajo su jurisdicción.
Desde ahora, no se podrán usar asteriscos, símbolos como “@” ni desdoblamientos de género para buscar neutralidad en el idioma, una medida que afecta a los 470 empleados de su área y busca expandirse a los 15 ministerios federales, medios públicos, escuelas e instituciones culturales.
Weimer instó a que todo se remita al alemán normativo tanto en textos escritos como en conversaciones internas y externas. Por ejemplo, los saludos oficiales volverán a fórmulas tradicionales como “Estimados señoras y señores”, siguiendo las guías del Consejo de Ortografía Alemana.
La iniciativa, apoyada desde la Cancillería alemana, pretende dejar fuera cualquier manipulación lingüística con fines ideológicos.
Aunque la medida enfrenta oposición de partidos y activistas, Weimer defendió que “el género forzado no refleja cómo habla la gran mayoría en nuestro país” y que “profundiza la división de la sociedad, cuando el lenguaje debe conectar, no separar”.
Él aseguró que, en privado, cada persona puede expresarse como desee, pero el lenguaje institucional debe salvaguardar la belleza y unidad del idioma.
La postura del ministro resalta su compromiso con la excelencia y preservación cultural: “Le preocupa la preservación de nuestra cultura lingüística en esta tierra de poetas y pensadores”. Para Weimer, las intervenciones deliberadas por temas de género “no solo son innecesarias, sino que dañan la belleza de nuestro lenguaje”.
Su carrera académica incluye estudios en Historia, Lengua y Literatura alemanas, además de Ciencias Políticas y Economía, y ha sobresalido como editor y defensor de la precisión idiomática. El canciller Friedrich Merz lo eligió como elemento independiente para dirigir la administración de la cultura nacional.
El debate sobre lenguaje inclusivo sigue abierto en Alemania, mientras instituciones, partidos y activistas evalúan el alcance real y social de la medida. La decisión marca un precedente para la relación entre la política, la cultura y la defensa del idioma.
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