ESTADOS UNIDOS.- Como resultado de la orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump el 23 de enero de 2025, numerosos hospitales y aseguradoras en Estados Unidos han anunciado la suspensión de los procedimientos de cambio de sexo en menores.
La orden establece que las instituciones que realizan estas prácticas, definidas como "mutilación química y quirúrgica de niños", perderán sus fondos federales, que cubren tanto la administración de bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas como las cirugías de reasignación de sexo, incluidas las castraciones.
Acciones y alcance de la orden ejecutiva Eliminación de fondos: La disposición retira el acceso a subsidios y reembolsos de Medicare y Medicaid a cualquier hospital que realice intervenciones de género en menores.
Extensión a la investigación y la educación: También afecta a las instituciones que reciben fondos estatales para investigación o educación médica y practican estos procedimientos. Advertencias sobre riesgos médicos
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. publicó un informe este año que advierte sobre las graves consecuencias a largo plazo de los procedimientos de cambio de sexo en menores, como:
Infertilidad y esterilidad. Disfunciones sexuales. Problemas de densidad ósea. Efectos negativos en el desarrollo cognitivo. Alto riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y psiquiátricas. Complicaciones quirúrgicas y arrepentimiento posterior.
Reacciones del sector médico. Incluso antes de la entrada en vigor de una posible regulación más estricta, varios hospitales y las principales aseguradoras comenzaron a anunciar la suspensión total o parcial de cirugías y tratamientos de afirmación de género para menores. Esta respuesta busca evitar la pérdida de fondos públicos y alinearse con la nueva política federal que enfatiza "proteger a los niños de daños médicos". La
decisión ejecutiva de Trump implica una transformación significativa en la política sanitaria estadounidense, que se suma a un contexto donde al menos 27 estados ya han adoptado restricciones similares o parciales. El debate sigue abierto entre asociaciones médicas, familias de jóvenes trans y grupos de derechos civiles.
El mandato federal prohíbe efectivamente cualquier tratamiento de afirmación de género para menores patrocinado por el estado y ha obligado a los hospitales de todo Estados Unidos a reevaluar sus protocolos, colocando la "protección infantil" en el centro del debate nacional. La lista de instituciones que han detenido estos procedimientos sigue creciendo y se actualizará a medida que más centros se unan a la normativa.
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