
LIMA.- La permanencia de Aída García Naranjo en el gabinete pende de un hilo. La Junta de Portavoces del Congreso acordó poner al debate este jueves la moción de censura en su contra, la que podría prosperar luego que el legislador Víctor Andrés García Belaunde señalara que la Alianza Parlamentaria –que integra Perú Posible– evaluaría no respaldarla.
Si en un principio García Naranjo se sentía intocable por los 20 votos de respaldo que le sumaba la alianza integrada por Perú Posible a los 47 de Gana Perú, la situación ha cambiado. Y es que al haber quedado al descubierto el proceso penal que mantenía en secreto por agravio al Estado, la coalición ya no estaría dispuesta en evidenciarse como un aval a esa situación, por lo que la oposición podría sobrepasar los 66 votos que necesita para la censura.
“A quienes en un principio no estuvimos de acuerdo con la censura, hemos pasado a evaluar qué hacemos. La denuncia penal que tiene empeora las cosas, ya es culpa del gobierno si quiere sostenerla por más tiempo en el cargo”, determinó el congresista Víctor Andrés García Belaunde, integrante de la coalición Alianza Parlamentaria, que agrupa a Perú Posible, Somos Perú y Acción Popular.
Manuel Merino de Lama (AP) señaló que la coalición aún no toma una decisión al respecto, sin embargo, admitió que al interior “existe un sentimiento general de insatisfacción por las explicaciones que dio la ministra”, y por las que no dio también, cuando se le recriminó el proceso judicial en su contra y se hizo la desentendida.
En 1992, mientras se desempeñaba como miembro del Comité Directivo del Programa Metropolitano del Vaso de Leche, García Naranjo participó de la “compra directa” de leche en polvo y hojuelas a la empresa ENCI por S/.10’142.963, cuando la ley para evitar beneficios personales o de empresas allegadas, exige que se deba convocar a licitación pública o concurso para comprar a quien menos precio ofrece.
Desde el oficialismo han tratado de desvirtuar la denuncia atribuyéndosela a razones políticas, argumento que pretendió utilizar García Naranjo en el Pleno para evadir su responsabilidad política en la muerte de los tres escolares en Cajamarca.
Fue ayer y no se acuerdan
El parlamentario aprista Javier Velásquez Quesquén cuestionó que hoy congresistas del partido del presidente Ollanta Humala, como Fredy Otárola o Marisol Espinoza, se escabulleran para no argumentar por qué cierran filas en defensa de García Naranjo, cuando por cosas menores en el Parlamento pasado exigían la cabeza de funcionarios.
“En el quinquenio siendo nombrado viceministro de Vivienda Carlos Arana exigieron su renuncia por tener un proceso administrativo pendiente, pero aquí estamos ante un proceso penal con informe del fiscal que pide 15 años de cárcel y no dicen nada. Si no tienen doble moral deberían apoyar el pedido de censura”, increpó.
El temperamento es el mismo en la Alianza Por el Gran Cambio. El vocero de la agrupación, Juan Carlos Eguren, subrayó que la cuestionada “encarna todo lo contrario” al discurso del presidente Ollanta Humala.
“La permanencia de la ministra en el Gabinete Lerner se hace insostenible. García Naranjo debe irse no sólo por su responsabilidad política en la muerte de los tres niños, sino fundamentalmente por haber ocultado que tenía un proceso judicial en su contra y por intentar ampararse en la imprescriptibilidad y evadir responder ante la justicia”, cuestionó.
Sin embargo para un sector de la oposición ahora la duda no es Perú Posible, sino Solidaridad Nacional. Y es que según lo han advertido, el partido de Castañeda Lossio se habría convertido en un “aliado en la sombra” del oficialismo para conseguir apoyo en procesos de corrupción que se abrirían en contra de sus integrantes.
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