LIMA.- Si no fuera por su poca efectividad, la falta de obras y la mediocridad de su labor, se podría decir que este tipo de hechos son los que ensombrecen la gestión de Susana Villarán al frente de la alcaldía de Lima. Sin embargo, a pesar de ser uno de los puntos inferiores en el escalafón de su alta desaprobación, hay que tenerlos en cuenta.

Y es que los regidores de la Municipalidad de Lima por el Partido Popular Cristiano (PPC) cuestionaron ayer con dureza que se hayan utilizado recursos de la comuna capitalina durante el mitin organizado en contra de la revocatoria de Villarán, realizado el último viernes 18 de mayo en la Plaza San Martín.

Fue el regidor Jorge Villena quien presentó la denuncia durante la sesión del concejo municipal realizada el martes, en la que mostró diversas imágenes en las que se apreciaban las vallas de seguridad -del municipio- que fueron utilizadas durante el evento.

Incluso, se observa que un camión de la Municipalidad de Lima llega a la zona del mitin (la Plaza San Martín) y personal del Serenazgo ayuda a bajar las vallas y a ordenarlas como si se tratase de un evento en el que fuese a participar Villarán o funcionarios del concejo metropolitano.

NUNCA SE USÓ EN MÍTINES. Al respecto, el también regidor pepecista Óscar Ibáñez señaló que el uso de vallas para cuidar parques o el ornato de la ciudad es un servicio que da la municipalidad a todos los limeños.

Sin embargo, dijo que ello nunca se ha usado para la realización de mítines que tengan un carácter político.

"Que yo recuerde, en ninguno de los diversos mítines políticos que han habido se les ha proporcionado vallas u otros servicios.En ese sentido, exijo que se explique si poner vallas en un mitin es un nuevo servicio que está brindado la Municipalidad Metropolitana de Lima", cuestionó.

BUSCAN RESPONSABLES. Por su parte, el regidor Alberto Valenzuela señaló que el hecho de utilizar bienes de la municipalidad en una actividad política para favorecer a la alcaldesa constituye un delito de "peculado de uso".

"Es un camión de una de las gerencias de la municipalidad el que ha trasladado las vallas. Eso es evidentemente un peculado de uso", declaró a Correo.

En ese sentido, señaló que ya cuentan con la placa del vehículo que transportó las vallas, por lo que han solicitado que en la próxima sesión de concejo se les informe cuál fue la gerencia responsable.

"En este caso, el responsable sería el gerente de la unidad a la que pertenecía el vehículo", agregó.

PECULADO DE USO. Al respecto, este diario consultó con el abogado especialista en Derecho Penal Luis Lamas Puccio y éste señaló que el accionar de la municipalidad limeña en la citada manifestación sí podría constituir el delito de "peculado de uso".

"Todos los implementos que usa el municipio tienen una finalidad exclusiva y esta es que se aplique al ámbito municipal, obviamente de carácter público, pero la revocatoria -ya sea a favor o en contra- no es una labor estrictamente municipal sino una acción de carácter político. Por lo tanto, a estos implementos se le estaría dando un uso para el cual no han sido adquiridos y ello podría dar motivo a una denuncia de carácter penal", señaló.

Ante el argumento oficialista de que las vallas de seguridad fueron facilitadas por un tema de seguridad de los ciudadanos, Lamas Puccio señaló que el análisis legal debe partir de la premisa de que la revocatoria está dirigida contra la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y por ello el apoyo logístico apunta a "un uso político que va más allá del aspecto de la seguridad".

Explicó que el "peculado de uso" es una modalidad del delito de peculado, que está referido a las infracciones legales que cometen los funcionarios públicos, por lo tanto, los responsables de facilitar el uso del citado material podrían ser acusados penalmente.

"Si están ahí los videos y las fotografías, yo creo que sí, este caso podría dar pie a una denuncia de carácter penal", sostuvo . Por su parte, el penalista Mario Amoretti también dijo que el caso denunciado podría constituir la figura legal del "peculado de uso" debido a la utilización inadecuada de bienes que le pertenecen a la comuna limeña.

"El artículo 388 del Código Penal establece que los servidores públicos que, para fines ajenos al servicio, usan o permiten que otros usen vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo perteneciente a la administración pública o que se hallen bajo su guarda, será reprimido por pena privativa de la libertad no mayor de cuatro años", señaló.

En respuesta a los argumentos de la regidora Marissa Glave, Amoretti indicó que el verdadero uso que se les dio a las vallas en dicha manifestación será determinado por la investigación.

Agregó que para estos casos que implican a funcionarios públicos se aplica en la actualidad el Nuevo Código Penal y el caso estaría a cargo de una Fiscalía.

Fuente: Diario el Correo
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