Para el exmagistrado y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín, el sistema que pretende imponer la ideología de género busca excluir a todos los demás modelos que se le oponen.
El Poder Judicial está próximo a emitir resolución sobre la acción popular referida al currículo escolar y la ideología de género. ¿Cuál es su opinión?
Aqui se tiene que decidir algo muy importante: reconocer que la Constitución peruana establece claramente que, en lo que se refiere a la educación de los hijos, más aún cuando son menores de edad, corresponde tanto a los padres como al Estado. En nido ‒en kinder‒ y en primaria, la necesidad de la participación de los padres es mucho mayor que en secundaria o en la universidad; por tanto, el Estado cede la responsabilidad, en los primeros años de vida, al hogar, a la familia.
¿Qué debe tomar en cuenta esta resolución?
El tema de la pluralidad educativa. En nuestro país, a diferencia de países con dictadura marxista, existe una pluralidad educativa, en el sentido de que podemos elegir si nuestros hijos deben educarse en un colegio religioso, o un colegio laico, o un colegio con un modelo educativo extranjero ‒como podría ser el Raymondi, el Franco Peruano‒, o uno parroquial; puede ser público o privado, o un colegio de una iglesia protestante, o un colegio militar. Les corresponde a los padres elegir el proyecto de modelo.
¿Por qué el Estado no podría poner esta visión de género como un curso, al igual que Matemática o Física, por ejemplo?
Porque justamente es establecer una determinada perspectiva acuñada en Europa, por un grupo de ideólogos como si fuese una verdad inmutable, es decir, como si fuese historia del Perú, historia universal, matemática, que son verdades y han sido probadas por generaciones. Y aun así, desde la física hasta la historia, son sujetas a críticas, a variaciones, a reinterpretaciones. Por lo tanto, en educación no hay verdades, y la única verdad inmutable que se pretende establecer es la ideología de género en los colegios de primaria, por no decir en kinder, incluso penalizando a los padres de familia o a las personas, en general, que critiquen, porque ellos consideran que cualquier crítica a su pensamiento constituye una discriminación a determinados grupos supuestamente protegidos por este sistema de pensamiento.
¿Por qué la educación de los niños sería tarea solo de los padres? ¿Por qué el Estado no puede decir “déjame asumirla”?
No es que sea solo de los padres. La tarea de la educación en el Perú es compartida. En los primeros años de vida de escolaridad, tienen más relevancia los padres de familia que el colegio y dicha etapa está determinada por el proyecto preferido de los padres. El Estado señala derroteros generales: estándares generales de lectura, de aritmética simple, de comportamientos de tolerancia hacia la diversidad en el aula que es necesaria. Nosotros tampoco estamos a favor de discriminar a ninguna persona por ningún motivo.
Después de recoger el argumento de la ideología de género de estos grupos, por encima de todo está el derecho del ser humano a ser feliz, y entonces hay que promover que conozca todo…
Ahí hay un problema de partida. La felicidad no está en total relación con la sexualidad, ya que la sexualidad representa una de las facetas importantes de nuestra vida, pero la felicidad en sí no depende de ella. Una persona no puede identificarse plenamente solo en razón al hecho de con quién se acuesta. Nosotros somos mucho más que eso. Somos personas pensantes que tenemos un mundo interior muy rico, una espiritualidad también. Por eso, al hablar del derecho a la felicidad no debemos enfocarnos en el tema meramente sexual.
¿La dignidad de las personas no debe ser protegida?
Es importante mencionar que la dignidad de la persona, tal como ha sido definida por constitucionalistas y filósofos, incorporada ricamente en las constituciones hace cien años, parte de la premisa de considerarla como un mundo en sí, provista de muchas facetas, todas ellas respetables y legítimas, y que solamente admiten un límite en función al hecho de no perjudicar a otros seres humanos, pero el Estado no puede inmiscuirse en la dignidad humana. Parte de esta dignidad se basa precisamente en considerar a la persona humana como un sujeto físico y espiritual, y eso no tiene nada que ver con el tema religioso. Uno puede ser una persona que no tiene creencias religiosas, pero no puede negar una complejidad en su identidad.
En un artículo publicado, usted dice que el Estado está imponiendo un modelo exclusivo y excluyente con la ideología de género.
Es un modelo exclusivo porque está inculcando a los niños desde temprana edad a descubrir sus cuerpos e invitándolos a descubrir si son homosexuales, o heterosexuales, o asexuales o marcianos sexuales, o de alguna de las categorías que son más de cuarenta y tantas, de los LGTBI y más. Es un modelo que pretende ser exclusivo, no admite negación, y es excluyente porque excluye a los demás, no convive con modelos católicos o protestantes, ni otros modelos.
También dice que desde la época de Velasco no se veía una ofensiva estatista igual.
Sí, a mí me causa preocupación ver que los liberales apoyan la ideología de género sin darse cuenta de que su naturaleza es contraria a la libertad de la persona, porque, al final, lo que persigue es que el Estado diseñe el íntegro de las políticas educativas en materia de formación de las personas. Al final la ideología de género aterriza en un estatismo escolar. Es la negación de toda posibilidad de que grupos intermedios de la sociedad diseñen modelos.
Y uno no puede ser liberal y estar a favor de la ideología de género. Puede no estar a favor de la formación católica, por ejemplo, y la puede criticar, y puede tratar de implementar colegios laicos. Sin embargo, lo que no se puede es estar a favor de la ideología de género que es el intento más estatista en cuanto a la formación de una persona, es decir, estatista en cuanto a una visión exclusiva.
Si el Poder Judicial fallara en contra de la acción popular, ¿estaría fallando contra la Constitución?
Sí. La acción popular es un proceso constitucional, pero que en realidad ataca a la legalidad de la norma, pero, si fuese el caso, sí procede continuar este proceso ante la Corte Suprema o un amparo contra la resolución judicial porque lo que está en juego, a fin de cuentas, es la vigencia misma de la Constitución.
sucesos.pe
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