El pasado viernes, 17 de julio, la entidad se suscribió al pacto internacional para que las personas que se encuentren en condición de vulnerabilidad puedan acceder a justicia especializada; sin embargo, decidieron no incluir a la población LGTBI+.
Tras varios días de presión de diversos colectivos alineados con la ideología de género, además del pronunciamiento con el sesgo ideológico de la Defensoría del Pueblo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión de Género del Poder Judicial, finalmente el CEPJ dio marcha atrás y reconsideró lo planteado por la jueza Janet Tello Gilardi, presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia.
Debido a que el presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, juez supremo José Luis Lecaros, rechazó que la identidad de género y orientación sexual son categorías de vulnerabilidad, la jueza Janet Tello pidió a Lecaros que vuelva a replantear su decisión.
El argumento de Tello fue que, de continuar firmes con dicha medida, se evaden “responsabilidades asumidas ante la Cumbre Judicial Iberoamericana, además de vulnerar los principios rectores de igualdad y no discriminación, y el derecho fundamental de acceso a la justicia para la población LGTBQI (lesbianas, gays, trans, bisexuales, queer e intersexuales)”.
La presidenta de la Comisión de Género del Poder Judicial (PJ), Elvia Barrios, envió un informe al presidente del Consejo Ejecutivo de la misma entidad, José Luis Lecaros, en el que rechaza la exclusión de las personas LGTBI+ como población vulnerable para acceder a la justicia especializada.
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