ESTADOS UNIDOS.- La jueza Colleen Kollar-Kotelly del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia condenó a Harlow y otros ocho manifestantes por conspiración contra los derechos, aunque a Harlow se le permitió permanecer bajo arresto domiciliario debido a su estado de salud, según su abogado, hasta que se emitiera una sentencia.
Su esposo, John, teme que su esposa muera pronto, por lo que ha pedido clemencia para ella.
“Siento que Paulette se está muriendo. En mi corazón, creo que está teniendo dificultades para mantenerse con vida. … Hemos intentado ser buenas personas. Amo mucho a mi esposa. Ella me hizo ir más allá de lo que habría hecho de otro modo para ayudar a los demás”, dijo según Live Action.
Orenberg argumentó que la cárcel sería perjudicial para Harlow debido a su estado frágil, señalando que ella no puede seguir adelante sin el apoyo, especialmente el de su esposo. La protesta en DC fue grabada por el activista Josh Darnel, quien también fue declarado culpable y cumple una pena de prisión de 34 meses.
Varios manifestantes dentro de las instalaciones se podían ver encadenados, rezando y cantando canciones en las imágenes de la manifestación.
El Departamento de Justicia de Biden emitió una declaración el viernes, indicando que los acusados participaron en una conspiración para bloquear la clínica de atención de salud reproductiva.
La agencia federal afirmó que los manifestantes provida entraron por la fuerza a la clínica y bloquearon las puertas con sus cuerpos, muebles, cadenas y cuerdas.
Ross, abogada principal del Departamento de Justicia, enfatizó que los cargos contra Harlow no tenían que ver con sus creencias, sino con la obstrucción violenta de la atención de salud reproductiva y la violación de los derechos civiles de los demás.
Se acusó a la septuagenaria de intentar usar su mala salud como excusa para evitar las consecuencias de sus actos. Algunos legisladores conservadores expresaron preocupación sobre la constitucionalidad de la Ley FACE y presentaron un proyecto de ley para derogarla, argumentando que es una toma federal inconstitucional de los poderes de la policía estatal.
Líderes conservadores han pedido la derogación de la Ley FACE lo antes posible.
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