ESTADOS UNIDOS.- El estado de Texas dio un giro histórico en políticas de acceso a baños públicos tras la aprobación de la ley SB 240, conocida como “Texas Women’s Privacy Act”, que exige que baños, vestuarios, duchas y albergues públicos sean usados exclusivamente por personas según su sexo biológico.
La ley define “sexo biológico” a partir de los órganos sexuales, cromosomas y el certificado de nacimiento original de la persona, excluyendo consideraciones sobre identidad de género. La misma se aplicará en escuelas, universidades, centros gubernamentales y refugios estatales, y quienes deseen usar instalaciones contrarias a su sexo biológico deberán recurrir a espacios individuales o unisex.
Existen algunas excepciones, como acceso libre para menores de 10 años acompañados por adultos, personas con necesidades médicas o de movilidad y situaciones de emergencia.
El incumplimiento por parte de agencias estatales puede acarrear sanciones económicas: multas de $5,000 por la primera infracción y hasta $25,000 por incidentes sucesivos. No se contemplan penas individuales para quienes ignoren la norma, sino que la responsabilidad recae en los administradores de los edificios públicos.
La comunidad transgénero y organizaciones LGBTQ+ han advertido que la ley aumenta el riesgo de discriminación y violencia, pues restringe el uso de baños públicos según la identidad de género de decenas de miles de personas que hasta ahora lo hacían conforme a su autopercepción. Activistas sostienen que esta política puede aislar aún más a la comunidad trans, dificultando su acceso y participación en espacios públicos.
Por el contrario, defensores de la ley y líderes republicanos como el senador Mayes Middleton afirman que la medida garantiza la privacidad y protección de mujeres y niñas: “El objetivo es brindar espacios seguros donde las personas no tengan que preocuparse por su privacidad ni sentirse vulnerables”, expuso Middleton durante el proceso legislativo.
El contexto político muestra que la SB 240 forma parte de un paquete de políticas estatales centradas en la definición biológica del sexo, alineadas con la directiva del gobernador Greg Abbott y una orden ejecutiva de Donald Trump que promueve políticas restrictivas sobre orientación sexual e identidad de género.
Abbott ha insistido públicamente en que en Texas “solo existen dos sexos: masculino y femenino” y que todas las regulaciones deben respetar esa definición. El debate ha sido escenario de intensas divisiones sobre derechos civiles, especialmente en estados conservadores.
Tras pasar el Senado con una votación de 20 a favor y 11 en contra, la ley avanzó hacia la Cámara de Representantes y se espera que, una vez firmada por Abbott, entre en vigor. El futuro inmediato traerá controversias legales ante la posible violación de derechos civiles reconocidos a nivel federal.
La aprobación revela el desafío de encontrar un balance entre valores tradicionales y derechos individuales, procurando la protección de niños, niñas y adultos en estos espacios tan privados.
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