PERU.- Al debate, que ya se ha inducido en la sociedad a través de los medios de comunicación y algunos sectores de la política, hay que sumarle la campaña que se ha iniciado desde círculos afines al aborto y que apela a la emoción para proclamar el aborto como una solución a dramas puntuales que nada tienen que ver con lo general.
Es el caso de la reciente condena de la ONU a Perú por el caso de una niña de 13 años violada y a la que se le negó la posibilidad de abortar. El hecho se remonta a 2007, cuando la menor L. C., entonces de 13 años, quedó embarazada producto de una violación. La niña intentó suicidarse lanzándose del techo de su casa, tras lo cual quedó inválida.
Este caso fue aprovechado por grupos abortistas que exigieron que se le practique un aborto, argumentando que con esto la niña recuperaría su movilidad. Sin embargo, los médicos se negaron al señalar que el embarazo no tenía nada que ver con la inmovilidad de la menor, ya que éste se generó por la rotura de una vértebra cervical producto de la caída.
El director de la Oficina para América Latina del Population Research Institute (PRI), Carlos Polo, advirtió que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de la ONU (CEDAW) no tiene competencia para obligar al Perú a aprobar el aborto terapéutico, tal como quieren hacer creer los grupos abortistas. Por ello, Polo criticó a los grupos abortistas que, a través de los medios de comunicación, han hecho creer a la opinión pública que el país está obligado a cumplir lo que dice este comité. "Los grupos abortistas no tienen ningún reparo en construir sus argumentos con mentiras, pero las autoridades si tienen la obligación de rechazar esta iniciativa", señaló.
Un caso excepcional para hacer una legislación general
El caso excepcional de la niña peruana de 13 ha sido utilizado por los partidarios del aborto para encubrir su verdadero propósito: la legalización total del aborto. Esta forma de actuar no es nueva. La estrategia es siempre la misma y se ha dado en numerosos países: se coge un caso extremo y atípico, y sobre este caso se intenta construir una legislación de carácter general.
Esta forma de proceder también se hace servir en el caso de la eutanasia: se escoge a un tetrapléjico que quiere morir, se prescinde de todos los otros tetrapléjicos que quieren vivir, y se eleva su caso a un estado de injusticia que pretende representar a todos y cada uno de los tetrapléjicos del país. Así se crea un estado de opinión favorable a nuevas legislaciones pro eutanasia. En el caso de Perú, sucede exactamente lo mismo.
Cabría decir que esta es una práctica legislativa aberrante, un país no puede legislar para la mayoría a base de casos extremos. Se podría estar de acuerdo –aunque se fuera desfavorable a la legalización del aborto- a que se abriera un debate ético sobre algunos casos extremos para desarrollar una norma excepcional que cubriera casos excepcionales. Sin embargo, pretender que esos casos sean la base jurídica de un texto legal que debe afectar a toda la población es desmesurado y está fuera de toda base de derecho. Una legislación adaptada a casos excepcionales finalmente acomoda a la excepcionalidad convirtiéndola en norma.
Fuente: AGENCIALAVOZ
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