Se trata de una Iniciativa Legislativa Ciudadana presentada al Congreso de la República con el respaldo de 80.000 firmas de adherentes, superior al 0.3 por ciento de la población electoral, exigido en la Ley 26300 de los Derechos de Participación y Control Ciudadano.
La iniciativa propone la modificatoria al Código Penal en su artículo 119, para incluir en las excepciones de aborto no punible los casos de embarazos por violación sexual.
Asimismo, deroga todas las disposiciones opuestas a dicha excepción, como el artículo 120 del mismo código, donde se consignan penas de hasta tres meses para las mujeres que interrumpen su embarazo a causa de una violación sexual.
Las promotoras de la iniciativa sostienen que esa medida busca defender el derecho de las mujeres a decidir si ser madres o no tras haber sido víctimas de un abuso sexual, y las consecuencias de obligarlas a llevar un embarazo en esas circunstancias.
El proyecto ha tenido duros críticos como la congresista Martha Chávez, quien ha señalado que la defensa a la mujer violada debe ejercerse sancionando al agresor y no estableciendo una “cultura de muerte”.
A fines de mayo, la Comisión de Justicia del Congreso rechazó el mencionado proyecto de ley, decisión que generó una serie de protestas de activistas.
RPP
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