Como buen socialista, amante de la restricción de libertades y derechos individuales, Evo, había llevado a cabo varías reformas y propuestas legales que poco a poco fueron coartando la libertad de conciencia, expresión y religión en toda Bolivia.
Así por ejemplo, en 2010 impulsó la Ley 045 “Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación” que criminaliza la incitación a la discriminación o discurso de odio, y agrava las penas para los delitos motivados por la discriminación basados en la orientación sexual e identidad de género.
A esto se añade la Ley N° 807 “Ley de Identidad de Género” que permite a personas transexuales y los llamados transgénero (que no necesariamente se mutilan un órgano saludable) el cambio de sus datos, incluyendo el sexo, en su documentación pública y privada de conformidad a sus autopercepciones.
De igual forma, desde 2011, se puso en vigencia el Decreto Supremo Nº 1022 que declaró oficialmente, en todo el territorio boliviano, el 17 de mayo de cada año como el “Día de Lucha Contra la Homofobia y Transfobia”.
Todas estas normas constituyen una afrenta directa al pueblo cristiano, los que vieron reducidos sus derechos de manifestar sus creencias bajo la amenaza de ser enjuiciados con cargos penales. Y no es que a los cristianos les guste ir por la calle insultando a los homosexuales, sino que ya no podían siquiera manifestar su oposición al matrimonio gay o llamar como varón a quien se cree una mujer. Y esto llegó a tal punto que al predicador peruano Fernando Ñaupari, ex transexual, se le aperturó una investigación penal cuando predicaba dentro de una iglesia en Bolivia contra la ideología de género. Imagínense.
Pero esta guerra abierta no quedó ahí, el presidente boliviano pretendió sancionar penalmente la predicación de la palabra de Dios. Sí, así como lo lee, se trató de un ataque directo a la libertad religiosa (consagrada en el art. 4 de la Constitución Boliviana), mediante una reforma penal que traía consigo el artículo 88.11 del nuevo Código Penal que establecía penas de cárcel de 7 a 12 años para quienes hagan “proselitismo” para organizaciones religiosas o de culto.
El artículo en mención textualmente decía lo siguiente: “Será sancionado con prisión de siete (7) a doce (12) años y reparación económica la persona que por sí o por terceros, capte, transporte, traslade, prive de libertad, acoja o reciba personas con el fin de reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados o en organizaciones religiosas o de culto”.
Gracias a Dios y a los miles de cristianos que salieron a las calles, con oraciones públicas masivas, el dictador retrocedió en sus oscuras intenciones. Pero los bolivianos sabían que la guerra continuaba.
Hoy, la respuesta a las oraciones de todo ese pueblo llegó, el enemigo de la fe renunció al cargo de Presidente sin pena ni gloria y dará cuenta a la justicia terrenal de sus actos y como no, un día lo hará también ante la justicia divina, si es que antes no se arrepiente y alcanza misericordia.
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Alejandro Muñante.
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